Los resultados de la elección del fin de semana pueden interpretarse como que las demandas ciudadanas que surgieron en el estallido social se plasmaron en el comportamiento de los votantes en las urnas. Prueba de ello es la fuerte derrota de las coaliciones que se han alternado el poder en los últimos treinta años. Lo complejo que tiene esta situación es que al igual que para el estallido social de fines de 2019, se incrementa la incertidumbre sobre el devenir del país. La gran cantidad de independientes nos reitera que estamos frente a una crisis institucional de proporciones cuyas consecuencias son difíciles de anticipar. El malestar expresado durante el estallido social no se disipó y posiblemente aumentó durante la pandemia.
Todo indica que tendremos una Constitución que favorecerá el fortalecimiento del Estado y una mayor descentralización en la toma de decisiones. Esto se traducirá, entre otras cosas, en mayor gasto, mayor endeudamiento y mayores impuestos. Al final del día la Constitución es un rayado de cancha, pero serán los políticos elegidos para los distintos cargos quienes determinen la implementación que, posiblemente, sea lo más importante.
Quizás lo primero que queremos dilucidar desde un punto de vista económico es cuál será el rol del sector privado en el nuevo arreglo institucional. La Constitución actual es muy protectora de los derechos de propiedad y la iniciativa privada. ¿Cuánto de esto se mantendrá? ¿Cuántos recursos adicionales acaparará el Estado desplazando al sector privado? Esto incluye los ámbitos en que operará el Estado que dice relación con los derechos sociales, entre otros, y el grado de protección de la propiedad privada. Otro punto crucial es quién concentrará el poder sobre las decisiones de políticas macroeconómicas, incluyendo gastos, impuestos, endeudamiento y política monetaria. Existe una gran aprensión de que la disciplina se pierda y pronto estemos o con un nivel de endeudamiento insostenible o con impuestos draconianos.
Respecto del efecto en precios, usando lo ocurrido a fines de 2019 como guía, pensamos que, por el momento, solo el alza del tipo de cambio tendrá un carácter más permanente. Así como la incertidumbre derivada del estallido social se tradujo en un incremento duradero de unos 50 pesos en el tipo de cambio, la elección de ayer habría sumado otros 20 pesos (considerando también los incrementos en los días previos a la elección). Los modelos que manejamos en Pacífico Research nos dicen que de acuerdo con lo que ha pasado con otras monedas en el mundo y el precio del cobre, de no haber habido estallido social, el peso chileno hoy debiese estar transándose en valores más cercanos a 640 pesos por dólar.
Cuando haya mayor claridad sobre el comportamiento de los representantes independientes y los representantes de los pueblos originarios, los castigos en precios que aún persistan podrían revertir o profundizarse. Seguramente tendremos que esperar a lo menos un par de meses. El problema es que con tanto independiente no necesariamente podremos extrapolar los resultados en una materia a otras, ya que cada punto se negociará por separado y entre muchas partes. Estaremos atentos no sólo a las ideas que más resuenen, sino a la forma de negociar y la calidad técnica de los constituyentes (resulta alentador que la mayoría son abogados). También estaremos observando la relación de la Asamblea con los otros poderes del Estado y la ciudadanía, ya que una confrontación podría conducir a una deslegitimización del proceso con consecuencias más devastadoras”.
Equipo de Pacífico Research